El Proyecto Aporto es una iniciativa centroamericana conjunta entre la Red de Desarrollo Sostenible-Honduras (RDS-HN), La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Guatemala, y La Fundación Comunicándonos, El Salvador. Es apoyado técnica y financieramente por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá.
Siguatepeque, Honduras, 2 de octubre 2025 – Con el lema “Movilizando voces y experiencias por un futuro climático justo y equitativo”, el encuentro Incidir para Transformar: Segundo Encuentro Centroamericano de Defensoras y Defensores del Ambiente, Tierras y Territorios reunió a liderazgos indígenas, garífunas, comunitarios y de mujeres de Guatemala, Honduras y El Salvador para encender una señal clara: sin espacio cívico, no hay justicia climática. Frente a un año clave, con un fuerte componente de incidencia pública, el evento se convirtió en altavoz regional frente a la criminalización, el avance extractivo y la captura institucional que ponen en riesgo el agua, los bosques, los sitios sagrados, la vida comunitaria y la labor de defensoría.
“La cooperación y los proyectos nos ayudan a frenar proyectos puntuales, pero los cambios estructurales solo llegan con un pueblo organizado”, afirmó Celenia Carrillo, quien llamó a fortalecer la vocería estratégica de mujeres y jóvenes y a confrontar el “cerco mediático” que intenta normalizar el despojo. Desde Copán Ruinas, Isidoro Vásquez, del pueblo Maya Chortí, describió la tensión en torno a los esfuerzos de incidencia en Copán: “Somos originarios, importantes para la defensa del territorio, pero no somos reconocidos; mientras llegan presupuestos por el turismo, nuestras condiciones no mejoran”. Denunció desalojos y estigmatización contra quienes defienden el derecho a la tierra, y recordó que el Convenio 169 y la Constitución siguen siendo letra viva que debe cumplirse.
La urgencia regional quedó patente: expansión de monocultivos que desplazan la producción de alimentos, concesiones forestales con impactos en cuencas hídricas, residenciales y megaproyectos turísticos que privatizan playas y territorios, minería y energía mal planificadas, y nuevas arquitecturas de control que restringen la participación social. “No se trata solo de apagar incendios; necesitamos evidencia para atacar las causas estructurales”, resaltó otro de los líderes, remarcando el giro del encuentro hacia hojas de ruta de incidencia con mensajes, actores objetivo y ventanas de oportunidad.
De El Salvador llegó un testimonio contundente. “Hoy ser defensor es tratado como delito”, señaló Juan José, quien advirtió sobre procesos judiciales sin pronta justicia y leyes que debilitan organizaciones y comunidades al restringir apoyos. Aun así, sostuvo, “la colectividad es nuestra fortaleza”: redes territoriales, radios comunitarias y comunicadores indígenas están llevando la agenda de defensa del agua y los sitios sagrados a la opinión pública, con narrativas culturalmente apropiadas y vocerías formadas para incidir en espacios de decisión.
Las voces también iluminaron caminos que ya funcionan:
- Autoformación comunitaria y liderazgo de mujeres y juventudes.
- Alianzas entre juntas de agua, iglesias, organizaciones de base y equipos legales.
- Uso del Convenio 169 y denuncias documentadas para detener ilegalidades.
- Mediciones catastrales, regularización predial y federaciones de patronatos que abren servicios (salud, infraestructura) y reconocimiento jurídico.
- Plataformas como MESUTSO en Sonsonate, que mapearon la conflictividad y sostienen procesos de incidencia por agua, territorios sagrados y vida comunitaria.
También hubo veredictos incómodos: instituciones que no ejecutan órdenes, promesas de participación que excluyen a la gente en la implementación y evaluación de políticas, y cooptación que divide organizaciones. La síntesis colectiva fue clara: ordenar la casa (reglas claras, transparencia y protección interna), ocupar todos los tramos del ciclo de políticas públicas (del diseño al monitoreo), fortalecer la unidad y cuidar la palabra pública con vocerías estratégicas que muevan y señalen la estructura y no solo el síntoma.
Para Steven Schnoor, Oficial de Programa del IDRC, el valor del encuentro está en su claridad democrática: “No hay transición hacía una verdadera justicia climática sin espacios cívicos inclusivos. Nuestro compromiso es documentar estrategias, abrir espacios, y acompañar el liderazgo de mujeres, juventudes y pueblos indígenas y garífunas para que su voz incida en políticas públicas”. Su mensaje de cierre fue también una promesa de presencia: escuchar, respaldar y articular en territorio.
Incidir para Transformar deja, así, tres certezas y un desafío.
- La incidencia nace en comunidad: planes de vida, saberes ancestrales y organización hacen posible el “buen vivir” como horizonte político.
- La evidencia importa: sin documentos, mapas, mediciones y fuentes verificables, la defensa del territorio se vuelve desoída.
- Las redes multiplican: federaciones, mesas ciudadanas, comunicadores indígenas y cooperación responsable abren puertas que nadie puede abrir solo.
- Y el desafío, convertir la esperanza en políticas y presupuestos que se noten en la vida cotidiana: agua disponible, cuencas sanas, escuelas y centros de salud funcionando, seguridad jurídica y respeto a los derechos.
En un tiempo de censura y criminalización, la colectividad del encuentro fue coraje y reflexión con una ruta clara: planificar desde la vida, formar para incidir, comunicar para existir, articular para transformar. Porque en Centroamérica, donde el huracán tiene más de una cara, la defensa del territorio es más que resistencia: es propuesta y futuro. Y ese futuro, insistieron las y los participantes, se escribe con las comunidades adentro, no a sus espaldas.
