
El Proyecto Aporto es una iniciativa centroamericana conjunta entre la Red de Desarrollo Sostenible-Honduras (RDS-HN), La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Guatemala, y La Fundación Comunicándonos, El Salvador. Es apoyado técnica y financieramente por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá.
Representantes de organizaciones indígenas del departamento de Sonsonate participaron en un grupo focal como parte de la investigación participativa del proyecto Aporto. Este fue a su vez un proceso de diálogo, aprendizaje y reflexión sobre los saberes y la cosmovisión de estos pueblos sobre el concepto de espacio cívico y la importancia de la justicia climática.
En este espacio participaron representantes de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) que aglutina a diversas organizaciones y comunidades en resistencia, principalmente por la defensa de las cuencas Sensunapán y Banderas.
También participaron representantes del Consejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI) de Izalco; de la organización Pasos del Jaguar, de la organización de Santo Domingo de Guzmán Witzapan; de la Fundación Tacuzcalco y del Consejo Ancestral de Tacuba, este último del departamento de Ahuachapán.
En este primer encuentro se dialogó sobre el contexto que viven los defensores y defensoras de tierras y territorios, especialmente en las comunidades indígenas, en este caso de pueblos nahúa pipil que viven en resistencia y lucha por el fomento de su identidad, su lengua, sus derechos y sus territorios.
Entre sus principales preocupaciones y problemáticas mencionaron la falta de tenencia de la tierra para cultivo; la contaminación ambiental, principalmente por la inundación del monocultivo de caña de azúcar; el incremento de megaproyectos de gobierno y construcción de residenciales privadas sin estudios de impacto medioambiental, que además de generar contaminación provocan desplazamiento de comunidades.
También se menciona con mucha preocupación el impacto del régimen de excepción que afecta principalmente a la juventud, desincentiva la organización y es utilizado para la criminalización de defensores y defensoras. “El régimen ha generado que las organizaciones tengan una baja, la gente tiene miedo y se pierden miembros”, afirma un joven defensor.
A esto se suma la amenaza de la minería metálica, cuya Ley de prohibición ha sido reformada, abriendo nuevamente el espacio para esta actividad que contamina principalmente el agua, pero también el aire, la tierra y afecta la vida en general. Una coincidencia de este diálogo es el acuerdo que la prioridad debe ser la defensa del agua, pues sin el agua no hay vida.
Los representantes de estas organizaciones y comunidades manifestaron su interés de unir esfuerzos y compartir saberes entre ellos; además de acompañar sus diversas luchas.


